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Boletín de prensa 28 de septiembre de 2011
EL TIEMPO
FUERTE DEBATE POR PROYECTO QUE BUSCA PROHIBIR EL ABORTO
Reforma acabaría con las 3 excepciones avaladas por la Corte. En el Senado, el tema desató polémica.
Una fuerte polémica se desató este martes en la Comisión Primera del Senado con el proyecto de reforma constitucional que quiere prohibir el aborto, pues hay quienes consideran que la iniciativa también suspendería la fertilización in vitro y penalizaría el uso de anticonceptivos.
"El derecho de cada ser humano a la vida es inviolable y recibirá toda protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte", señala el artículo que se pretende incluir en la Constitución y que acabaría con las tres excepciones que para el aborto determinó la Corte Constitucional.
Y esta redacción, a juicio del senador Roy Barreras, de 'la U', "prohibiría las formas de eutanasia pasiva, que son decisión del paciente, y prohibiría los tratamientos de fertilización in vitro para las mujeres infértiles. Es decir, toda manipulación del embrión, lo que pondría a los científicos por fuera de la ley".
Pero Barreras fue más allá. Advirtió que si se llega a aprobar esta iniciativa, "en el caso de que a una niña adolescente la violen y se tome una píldora anticonceptiva del día después puede ir a la cárcel".
Por eso, él, junto con el senador Luis Carlos Avellaneda (Polo), presentaron una ponencia en la que piden que este proyecto no se apruebe.
Pero este argumento fue rechazado por quienes firmaron la ponencia para que el aborto sea proscrito del país. Manuel Enríquez Rosero, también de 'la U', explicó que el proyecto no pretende llegar a esos extremos sino proteger el derecho a la vida.
Planteó que lo que se busca no es prohibir la anticoncepción, ni procedimientos científicos como la fertilización, sino que se prevengan los embarazos no deseados.
Afirmó que "uno no quisiera que se viole a alguna mujer, pero lo que no se puede pensar es que un trauma tan nefasto como ese se pueda olvidar cometiendo un acto como matar a un ser indefenso que tiene derecho a nacer".
Por su parte, el Partido Liberal señaló, a través de un comunicado, que convertir en criminales a mujeres que han sido víctimas de una violación está lejos de ser una contribución a un país más justo y respetuoso de las libertades.
"Pretender dar marcha atrás en este gran avance es darle la espalda a la realidad del país, que hoy reconoce la diversidad de creencias y pensamientos. Es darle la espalda a un país que quiere extender sus libertades", dijo el director de liberalismo,
Rafael Pardo.
En este debate también terció el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien no está de acuerdo con volver a penalizar el aborto. "En mi propio criterio, el mío, que no compromete al Gobierno, es que mi conciencia me dicta que la disposición que emitió la Corte Constitucional debe preservarse, o sea, que en los tres casos tradicionales debe proceder la intervención quirúrgica", precisó.
Pero Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera del Senado, cree que es probable que la iniciativa se hunda. Dijo que "se rindió ponencia sin el requisito previo de convocar a una audiencia pública", lo cual viciaría el trámite del proyecto.
La Corte Constitucional permitió la práctica del aborto cuando hay riesgo de muerte para la madre, cuando el embarazo se produce por una violación o si hay malformación del feto. El debate sobre el proyecto continuará la próxima semana.
LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, UN FRENO PARA LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Fiscalía dice que nueva norma dejó vacíos que afectan el trámite de procesos. Hay 50 casos parados.
La Ley de Seguridad Ciudadana, que hace tres meses fue sancionada por el Gobierno para fortalecer la lucha contra el crimen, paradójicamente tiene frenada una de las herramientas claves contra la mafia: la extinción de dominio.
Uno de los objetivos de la norma es precisamente acelerar el proceso para que el Estado se quede con los bienes del crimen organizado. Además, incorpora elementos claves que se esperaban hace años, como poder monetizar los bienes incautados, y centraliza en Bogotá los casos para evitar las presiones de las mafias sobre los jueces locales.
Sin embargo, el texto aprobado por el Congreso dejó varios vacíos que han llevado a que en estos casi cien días los fiscales de la Unidad de Lavado de Activos no hayan podido realizar allanamientos, interceptaciones de comunicaciones y otros procedimientos de investigación necesarios en esos casos.
ELTIEMPO.COM conoció que desde el momento de la sanción de la nueva norma, que fue presentada por el Gobierno, a la fecha hay al menos 50 procesos de extinción frenados.
Pero lo más grave es que la ley, al intentar unir varias causales, terminó eliminando una que ha sido fundamental para la incautación, particularmente, de las famosas caletas del narcotráfico.
La Ley de Seguridad Ciudadana eliminó del mapa jurídico un artículo que aparece en las Convenciones de Viena y de Palermo -que son la guía de la lucha contra el crimen organizado a nivel mundial- y que establecía como causal de extinción que "en cualquier circunstancia no se justifique el origen lícito del bien perseguido en el proceso".
Con ese argumento -que sus dueños no podían explicar el origen de la plata-, el Estado colombiano logró quedarse con dineros de las caletas del narco del Valle Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta' (capturado en Brasil y preso en EE. UU.), y los dólares de los contenedores de Buenaventura que llegaron procedentes de México.
Se alargan los procesos
Ante esta situación, la fiscal general, Viviane Morales, tiene a sus asesores trabajando a marchas forzadas para redactar un contraproyecto que permita eliminar los problemas que dejó la nueva norma.
Mientras tanto, varios fiscales han expresado su preocupación porque los procesos que ya estaban adelantados se puedan caer y que, por lo tanto, el Estado tenga que devolver millonarias sumas cuyo origen no estaba justificado.
Con las nuevas reglas de juego habría que efectuar una investigación, que puede tomar años, para demostrar el origen ilegal del dinero.
"Los trámites que se iniciaron por esa causal se verían abocados a la cancelación de medidas cautelares (la incautación) y a su consecuente devolución", dice un documento interno de la Fiscalía que analizó el alcance de la modificación.
Pero la nueva ley también establece procedimientos que harán más demorados los procesos de extinción. El más polémico tiene que ver con que solo los jueces de Extinción de Dominio -nada más hay tres en el país- pueden autorizar los procedimientos de Policía Judicial.
Antes, ese trámite se realizaba ante cualquier juez de control de garantías. Ahora, todas las solicitudes de la Fiscalía tienen que remitirse a Bogotá, lo que en la práctica generaría un cuello de botella en investigaciones que, ya hoy, se demoran en promedio tres años.
Otro reparo de los fiscales es que, con la idea de agilizar los procesos, parte del procedimiento se hará de acuerdo con el Código Civil, lo que ha puesto a jueces y fiscales a estudiar ese derecho, en el que no se aplica el Sistema Oral.
Los fiscales no saben todavía si tendrán que volver al pasado y empezar a presentar los casos en largos memoriales que demorarían aún más los procesos.
"No sabemos de dónde vamos a sacar tiempo para revisar las normas civiles, ni tampoco tenemos clara la utilidad del cambio", le dijo a ELTIEMPO.COM un fiscal que tiene al menos cien procesos de extinción de dominio en su despacho.
Gobierno está dispuesto a revisar artículos
Altos voceros del Gobierno resaltaron los alcances de las modificaciones realizadas al proceso de extinción de dominio y señalaron que trabajarán con la Fiscalía para solucionar los problemas coyunturales, incluso revisando la redacción de algunos de los artículos aprobados.
El proyecto fue redactado por el Ministerio del Interior y de Justicia y apoyado por las mayorías en el Congreso.
Las mismas fuentes señalaron que la norma fue producto de "estudios serios" que concluyeron la conveniencia de concretar las causales de extinción de dominio, utilizar normas del Código Civil para hacerlo más ágil y proteger de presiones las investigaciones y fallos. Sin embargo, el Gobierno reconoce que solo tres jueces de extinción de dominio son insuficientes. Por eso anunció que buscará recursos para aumentar la planta de esos funcionarios.
El representante Alfredo Deluque, ponente de la Ley de Seguridad Ciudadana, aseguró que la nueva ley busca fortalecer la extinción de dominio y se declaró extrañado porque la Fiscalía no advirtió a tiempo los problemas derivados de las modificaciones.
Qué cambió en los procesos
Antes
1. Los fiscales ante cualquier juez de garantías pedían legalización de las diligencias judiciales.
2. El proceso de notificación tomaba entre dos y seis meses. Se nombraba un curador para todas las partes involucradas.
3. La causal séptima de extinción permitía agilizar los casos. Era usada especialmente contra caletas.
4. Cualquier vacío en el proceso se resolvía en la ley penal.
Después
1. Las legalizaciones solo las pueden hacer ante los jueces de extinción de dominio.
2. Las notificaciones se deben hacer por correo certificado. Las partes podrán interponer recursos en cualquier momento del proceso, resolviendo esos recursos podrían tardar años antes de iniciar los juicios.
3. Con la eliminación de la causal séptima, los fiscales tendrán que sustentar el origen ilícito de los recursos incautados.
4.Los vacíos en las investigaciones los resolverá la ley civil.
Jueces tampoco saben qué hacer con la nueva norma
Los tres jueces de Extinción de Dominio que hay en el país, y que están concentrados en Bogotá, no solo deben fallar todos los casos en primera instancia. La Ley de Seguridad Ciudadana les impuso también la obligación de autorizar todos los procedimientos de investigación, sin importar en qué región del territorio colombiano se adelanten los procesos.
Hace tres semanas, los tres funcionarios judiciales le enviaron a la fiscal general, Viviane Morales, una extensa lista de inquietudes sobre la aplicación de los cambios aprobados por el Congreso.
Por ejemplo, no saben cómo proceder frente a casos que no estén en la ciudad y le preguntan a la Fiscal "qué regulación se debe aplicar cuando esa función de control sea en ciudades diferentes de Bogotá y qué pasos se deben seguir para traslados, seguridad, salas de audiencia y turnos de disponibilidad".
La preocupación de los jueces también tiene que ver con las garantías y derechos fundamentales de los afectados por los procesos, que se tendrían que trasladar a la capital para estar presentes en las diligencias judiciales. Igualmente, advierten sobre el riesgo de tomar decisiones previas a los juicios de fondo, con lo que se podría "hablar de contaminación o prejuzgamiento para resolver los demás controles". Temen demandas y nulidades de las investigaciones.
Dada cuenta que apenas son tres, existe la posibilidad real de que todos tengan que resolver recursos en un mismo proceso, lo que en la práctica terminaría en una situación descabellada: que por haber resuelto asuntos de trámite se tengan que declarar impedidos en ese caso, y que no quede en el país ni un juez que pueda fallar de fondo sobre ese proceso en particular.
ELECCIONES Y DESIGUALDAD SOCIAL
Alfonso Gómez Méndez
¿Por qué pese a tanta 'reforma', se perpetúan las castas políticas, el nepotismo, y la elección de candidatos cuestionados por ellos mismos?
Como dijo don Manuel Murillo Toro, la verdadera reforma política está en combatir la desigualdad.
Como es costumbre, en esta época preelectoral abundan las advertencias sobre fraude, trasteo de votos e injerencia de grupos criminales armados en el desarrollo de las votaciones. Aun las autoridades encargadas de controlarlas señalan en cuáles municipios existen esos riesgos; pero lo ideal sería que nos dijeran cómo, cuándo y, ante todo, quiénes los generan, para llevarlos a la cárcel y así neutralizar su cometido.
Se oye también hablar de grupos o personas que incidirán para elegir, en esta ocasión, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados vinculados o patrocinados por grupos al margen de la ley, contratistas o integrantes de indeseables "dinastías" políticas.
Y dizque para lograr que el pueblo no se equivoque, cada cierto tiempo el Congreso aprueba una pomposa "reforma política" colmada de inhabilidades, prohibiciones, control del nepotismo, umbrales, avales, y otras muchas limitaciones que por los más intrincados subterfugios vuelven pedazos cada jornada electoral.
Para no ir más lejos, los constituyentes revocaron el mandato de los parlamentarios elegidos en 1990 (afectando a personas como Enrique Peñalosa), con el argumento de que debía permitirse la llegada al Congreso de "otra" clase política. Pero en octubre de 1991 resultaron elegidos los mismos de antes, en su nombre o en "cuerpo ajeno".
El proceso 8.000 no acarreó la depuración del Congreso: antes bien, los condenados terminaron, como amorosos miembros de familia, eligiendo a sus parientes. Igual ha ocurrido con los dirigentes vinculados a la 'parapolítica'.
La propia Constitución, para preservar la independencia del Congreso frente al Ejecutivo, prohibió que este nombrara a los parlamentarios como ministros o embajadores. Pero la prohibición no se extendió a tíos, hermanos, hijos, esposas o distinguidas compañeras permanentes, con lo cual la dependencia se mantiene, como se demostró en la re- forma constitucional que permitió la reelección inmediata.
La pregunta es, entonces, ¿por qué, pese a tanta "reforma", se perpetúan las castas políticas, el nepotismo y la elección de candidatos cuestionados, por ellos mismos, o por sus malas compañías?
Sencillamente, porque se ataca el problema en la epidermis, no en el fondo.
En reportaje de Yamid Amat con Hernando Gómez, jefe de Planeación Nacional, este resalta el drama de la desigualdad social en Colombia cuando dice que somos el país más desigual, pero no el más pobre, o un país muy rico con altos niveles de pobreza.
Cifras en mano, Gómez muestra que cerca del 40 por ciento de la población colombiana, alrededor de veinte millones de personas, viven entre la pobreza y la pobreza extrema. Para completar, el informe de desarrollo humano elaborado por Naciones Unidas enseña que menos del 2 por ciento de los propietarios controlan la mitad de la tierra cultivable en el país. Tan desolador panorama es el que permite que avivatos, violentos y aprovechadores manejen el mapa electoral de la nación.
Ahora: ¿por qué hay trasteo de electores y compra de votos?: porque, agobiados por las necesidades, esos colombianos no tienen otra opción. Quien tenga satisfechas cuando menos sus necesidades básicas tendrá menos posibilidades de ser engañado, manipulado o comprado.
De ahí que el mal llamado "voto de opinión" se vea en las grandes ciudades depositado por quienes no dependen del apoyo de un político para lograr empleo, beca, cupo en el Sisbén, subsidio de Familias en Acción, atención en puesto de salud o almuerzo el día de elecciones.
Como escribió don Manuel Murillo Toro en 1848, la verdadera reforma política está en combatir la pobreza y la desigualdad. Para eso debería servir la "unidad nacional" y no para una simple redistribución burocrática. Pero aquí procedemos al revés: buscamos el ahogado río arriba.
EL ESPECTADOR
ABORTO EN COLOMBIA
Proyecto que castiga el aborto penalizaría uso de anticonceptivos
Aunque el debate fue aplazado para la próxima semana, quedó la alerta en la comisión primera del Senado.
El debate es mundial. Miles de manifestantes a favor y en contra del aborto alzaron sus voces frente al debate de la despenalización en casos de violación y malformación.
Vargas Lleras, partidario de no reversar excepciones al aborto
Este martes la comisión primera del Senado, con el argumento que el tema del aborto es muy delicado, decidió aplazar la discusión de la iniciativa promovida por el Partido Conservador.
Aunque la ponencia del senador Manuel Enríquez Rosero -encamina a abolir el aborto en Colombia- fue discutida en la sesión, finalmente el debate se frustró en la corporación.
El promotor de que se postergara el debate, senador Roy Barreras Montealegre, consideró que “aunque todos estamos en favor de la vida y nadie quiere que una mujer aborte, eso no significa que legislemos alegremente y pensemos que puede meterse a la cárcel a una mujer o una adolescente que ha sido víctima de una violación”.
“Espero que en una semana se pueda avanzar en la redacción de un proyecto que proteja la vida pero no se meta a la cárcel a las mujeres en Colombia que lleguen a la decisión de abortar en las tres excepciones aceptadas”, aseguró.
Dentro de la discusión, el legislador alertó que con la ponencia presentada por el senador Enríquez, las mujeres que utilicen anticonceptivos y decidan acudir a la fertilización in vitro podrían ser objeto de acciones penales.
“Con la actual redacción no sólo se prohíbe la interrupción del embarazo sino que la anticoncepción en Colombia se penaliza (…) las mujeres infértiles no podrían volver a su ginecólogo a hacerse tratamiento de fecundación asistida porque esa manipulación del embrión también estaría violando la ley, según la propuesta”, explicó el senador Barreras.
En respuesta al congresista vallecaucano, el senador Enríquez negó que se vaya a penalizar el uso de anticonceptivos o la fecundación in vitro.
“No veo que tenga razón el senador Barreras en su afirmación y simplemente me he concentrado en que quede prohibido el aborto en sus tres excepciones”, señaló.
Y añadió: “Ninguno de los seres humanos en el mundo tiene la autoridad para interrumpir la vida de alguien que está por nacer”.
Actualmente se permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre, en casos de violación y por malformaciones del feto. En la comisión primera del Senado se inició la discusión del polémico proyecto 'azul' sobre el aborto.
VARGAS LLERAS, PARTIDARIO DE NO REVERSAR EXCEPCIONES AL ABORTO
Aunque el Gobierno dejó en libertad a los partidos para que voten ese proyecto, el ministro dio a conocer su posición personal.
Este martes, cuando se inicia en el Senado la discusión del proyecto del Partido Conservador para abolir el aborto hasta en sus excepciones, el debate empezó ha tomar diferentes tonos alrededor de la iniciativa.
Se conoció que el Gobierno dejó en libertad a todos los partidos políticos porque éste se considera uno de los asuntos de consciencia.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que cada parlamentario, según su criterio, puede decidir si vota o no el proyecto.
"La consciencia del Gobierno es que cada partido y cada congresista vote a como a bien tenga la iniciativa", aseguró.
Sin embargo, Vargas Lleras no ocultó que personalmente y no a nombre del Gobierno, considera que deben mantenerse las excepciones para el aborto.
"Mi consciencia me dicta que la disposición que permitió la Corte Constitucional debe mantenerse", manifestó.
Actualmente se permite el aborto cuando está en peligro la vida de la madre, en casos de violación y por malformaciones del feto. En la comisión primera del Senado se inició la discusión del polémico proyecto 'azul' sobre el aborto.
EL NUEVO SIGLO
REFORMA AL ABORTO PENALIZARÍA USO DE ANTICONCEPTIVOS
Después de que la comisión primera del senado aplazara la discusión del proyecto, generó polémica la advertencia de que la iniciativa también penalizaría a las mujeres que utilicen métodos anticonceptivos o inseminación in vitro.
Luego de que fuera suspendida la discusión del proyecto de reforma a la ley del aborto, que lo permite en tres casos específicos: malformación del feto, embarazo producto de una violación, o cuando peligra la vida de la madre; el senador del partido de ‘La U’ Roy Barreras Montealegre, dio a conocer la ponencia presentada por el senador Manuel Enríquez, que sugiere la prohibición de la anticoncepción en Colombia y la penalización de las mujeres infértiles que se realicen tratamientos de fecundación asistida, porque la manipulación del embrión "también estaría violando la ley".
“Aunque todos estamos en favor de la vida y nadie quiere que una mujer aborte, eso no significa que legislemos alegremente y pensemos que puede meterse a la cárcel a una mujer o una adolescente que ha sido víctima de una violación, espero que en una semana se pueda avanzar en la redacción de un proyecto que proteja la vida pero no se meta a la cárcel a las mujeres en Colombia que lleguen a la decisión de abortar en las tres excepciones aceptadas”, afirmó el senador Barreras.
A lo anterior, el senador Enríquez, también del partido de ‘La U’, respondió diciendo que no creía que Barreras tuviera la razón en su afirmación y que él "simplemente se ha concentrado en que quede prohibido el aborto en sus tres excepciones”.
Y añadió: “ninguno de los seres humanos en el mundo tiene la autoridad para interrumpir la vida de alguien que está por nacer, en el tema de la violación uno no quisiera que eso le ocurra a ninguna mujer, pero lo que no se puede pensar es que un trauma tan nefasto como ese para una mujer se pueda olvidar cometiendo un acto como matar a un ser indefenso que tiene derecho a nacer".
REVISTA SEMANA
GOBIERNO DEJA EN LIBERTAD A CONGRESISTAS PARA DECIDIR SOBRE EL ABORTO
Sin embargo, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dice que su opinión personal es respetar el fallo de la Corte Constitucional que permite la interrupción del embarazo en tres casos específicos.
En el inicio de la discusión sobre la prohibición del aborto, propuesta por el Partido Conservador, el Gobierno no se comprometió con el tema y decidió dejar en libertad a todos los partidos políticos, y específicamente a los congresistas, para la decisión final sobre el tema.
El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, antes del primer debate sobre el aborto, dijo que la decisión del Gobierno es que cada partido actúe en libertad, pero que cada congresista vote según su propio criterio y según le dicte la conciencia.
El proyecto, que busca proteger la vida desde su concepción hasta la muerte natural (al prohibir y castigar prácticas como el aborto y la eutanasia), fue una iniciativa que el partido Conservador presentó en el Congreso e intentó concertar en la mesa de Unidad nacional presidida por Juan Manuel Santos.
El anuncio de Vargas Lleras demuestra que los conservadores, uno de los socios políticos de la coalición de gobierno, se queda sin respaldo para uno de sus proyectos bandera.
Pero Vargas Lleras no sólo se concentró en la posición institucional. Advirtió que su postura personal, de marcado carácter liberal, es que el aborto se debe permitir en tres casos específicos (malformación genética del feto, violación, o riesgo de la vida de la madre), respetando el histórico fallo de la Corte Constitucional que permitió esta práctica médica sólo en esos casos específicos.
En el primer debate del aborto, realizado en la Comisión Primera del Senado, el partido de la U dividió sus posturas.
El senador Manuel Enríquez Rosero presentó y defendió en su ponencia la prohibición del aborto mientras que Roy Barreras concertó con el senador del Polo Luis Carlos Avellaneda una ponencia para hundir el proyecto bandera de los conservadores.
Rosero defendió su postura y el próximo martes se llevará acabo la votación de este controvertido proyecto.
CARACOL RADIO
PONENTES DE LA REFORMA A LA JUSTICIA SE REÚNEN CON SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA
Con el fin de tratar el tema de la doble instancia para congresistas, los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se reúnen a esta hora con el grupo de congresistas ponentes de la Reforma a la Justicia, dentro de los que están Luis Fernando Velazco, Eduardo Enríquez Maya, Jesús Ignacio García, entre otros.
Caracol Radio conoció que hay una propuesta para que sea la Fiscalía la que investigue a los congresistas, otra que la sala Laboral y Civil sean segunda instancia y otra que se nombren seis nuevos magistrados que conformen una sala de juzgamiento.
De estas propuestas ninguna le suena a la Sala Penal, pues ellos señalan que la doble instancia debe operar dentro de la misma y que si son nombrados nuevos magistrados deben ser elegidos dentro de la misma Corte.